Durante los últimos dos años la situación de seguridad en Norte de Santander, especialmente en Cúcuta y su área metropolitana se ha deteriorado.
Esto se refleja particularmente en el comportamiento del homicidio el cual –a diferencia de otras partes del país– aumentó durante el 2020 y sigue aumentando durante el 2021.
Cerca del 80% de los homicidios registrados en los años anteriores a la pandemia ocurrían en el espacio público, el incremento de este indicador denota la ausencia de una estrategia clara en esta materia.
En el caso de Cúcuta, a pesar de contar con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia, no es clara la manera en la que el eje estratégico de disrupción del delito del mismo está siendo implementado en la ciudad.
A pesar de que el comportamiento delictivo del año 2020 se demuestra una disminución general de indicadores como el hurto en sus diferentes modalidades y las lesiones personales debe tenerse en cuenta que dadas las cuarentenas estrictas, la ley seca y los toques de queda estás disminuciones son atípicas y no es claro hasta que sean el resultado de la política de seguridad de Norte de Santander o de Cúcuta y su Área Metropolitana.
Es de esperarse que la reapertura gradual provoque que estos indicadores vuelvan a su tendencia normal en los próximos trimestres del 2021. Por ello se requiere que la reapertura económica tenga en consideración intervenciones específicas en materia de seguridad ciudadana.
Análisis y Recomendaciones
Es necesario que se articulen esfuerzos con el gobierno nacional en materia de seguridad y de prevención de la violencia en Cúcuta y su zona rural, los municipios fronterizos incluidos los que hacen parte del Catatumbo, y su parte alta. Estas tres áreas del departamento componen subsistemas locales de criminalidad y conflictividades que deben atenderse de manera diferenciada.
El caso de Puerto Santander demuestra la necesidad de contar con una Política Fronteriza y Migratoria sólida en donde, de la mano del gobierno departamental y con la ayuda de los gobiernos locales se pueda recuperar la gobernabilidad de la frontera y reducir la victimización.
Las elevadas tasas de homicidios de ciudadanos venezolanos con respecto al universo poblacional de su misma nacionalidad sugiere una dinámica de victimización compleja que requiere ser investigada con mayor profundidad. Se desconoce si esta prevalencia de victimización de la violencia letal obedece a vulnerabilidades estructurales que enfrenta esta población que los ubican en contextos de alta concentración de la violencia homicida o si se debe a su presunta participación en actividades de alto riesgo criminológico como por ejemplo la participación en el mundo del crimen. En todo caso estas cifras sugieren que el debate acerca del impacto del éxodo venezolano sobre la seguridad en Colombia no puede dejar de lado la victimización de la que son objeto los ciudadanos venezolanos.