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Informe de seguridad para el Área Metropolitana de Cúcuta (Enero-octubre 2021)

Seguridad en Cúcuta

Según el informe de seguridad, entre enero y octubre de 2021, la Policía no ha logrado reducir el homicidio en Cúcuta.

Durante los primeros meses del 2021, el homicidio en Cúcuta y el Área Metropolitana se ha mantenido estable con respecto al año anterior.

Esto podría indicar que, a pesar de las estrategias implementadas por la administración municipal y por la Policía Metropolitana de Cúcuta, no se ha producido ningún avance en la reducción de este delito.

Si se tiene en cuenta, el número de homicidios en Cúcuta correspondiente a 2020 no registraba desde 2016.

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A pesar de que en Cúcuta y en Villa del Rosario se presentaron avances, los municipios de Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano presentaron aumentos de 73%, 300% y 300%, respectivamente.

Para el caso de Cúcuta, desde el mes de agosto se viene presentando un incremento en el número de homicidios y sigue siendo preocupante el aumento de este delito en las comunas cinco (120%), diez (22%) y en la zona rural de Cúcuta (21%).

Como lo ha venido advirtiendo Border Lab a lo largo del año, continúan los incrementos en el homicidio contra la mujer en el Área Metropolitana de Cúcuta, sin que hasta el momento se conozca una estrategia efectiva por parte de las autoridades para mitigar o reducir este tipo de delito. Entre enero y octubre de 2021, el homicidio contra las mujeres en el Área Metropolitana aumentó 47%. En Cúcuta el incremento fue de 21%. Vale la pena mencionar que en la capital del departamento el número de víctimas mujeres a octubre de 2021 ya superó las de 2020.

Informe de seguridad de Cúcuta
Un reporte por comunas en el primer trimestre de 2021.

A pesar del trabajo en la política de seguridad a nivel local, los resultados no se traducen en la protección de la vida y los derechos de las mujeres.

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Respecto al riesgo de la población civil, en especial de las mujeres, en el Área Metropolitana de Cúcuta, el panorama no es alentador.

Entre 2019 y 2021 se han emitido 3 Alertas Tempranas que advierten riesgos de homicidio, violencia sexual, trata de personas y reclutamiento forzado, entre otros.

  • AT N° 11 del 13 de marzo de 2020. Advirtió el riesgo de homicidios selectivos, masacres, reclutamiento forzado, entre otros, en la zona rural de Cúcuta. A la fecha, a pesar de haber transcurrido más de 20 meses desde la expedición de esta alerta no se cuenta con un informe de seguimiento y gestión del riesgo por parte de la Defensoría del Pueblo ni de la CIPRAT par esta zona.

  • AT N° 35 del 5 de agosto de 2020. Advirtió riesgos a la población civil, particularmente de las mujeres de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario. 16 meses después de la expedición de esta alerta tampoco se cuenta con un informe de seguimiento y gestión del riesgo por parte de las autoridades competentes.

  • AT N° 37 del 12 de septiembre de 2019. Advirtió factores de riesgo para la población civil de Puerto Santander, en especial de las mujeres. De acuerdo con el informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, el riesgo se mantiene y el cumplimiento en la gestión del riesgo de las autoridades competentes es bajo.

Al respecto, es relevante indicar que de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo tiene un tiempo de 9 meses para la expedición de informes que determinen la evolución de la persistencia del riesgo. Esta disposición evidencia un retraso relevante de esta entidad en el seguimiento a los efectos de las medidas adoptadas por el Estado y la evolución del riesgo advertido.

Igualmente, la CIPRAT, liderada por el Ministerio del Interior, tiene dentro de sus funciones la georreferenciación para el seguimiento a las dinámicas de riesgo y el impacto de la respuesta en el territorio, así como la activación de los canales de comunicación con entidades nacionales y territoriales para recolectar y procesar información que permita identificar la evolución del riesgo, su activación y la respuesta. Para el caso de Norte de Santander 12 Alertas Tempranas se han emitido entre 2019 y 2020. Siete de ellas no cuentan con seguimiento del riesgo (58%). De las cinco que tienen informe, en cuatro el riesgo se mantiene y en una tiende a agravarse (Defensoría del Pueblo, 2021).

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Ahora bien, respecto a las lesiones personales el Área Metropolitana de Cúcuta sigue presentando un contexto de alta prevalencia de la violencia de interpersonal. Villa del Rosario (42%), El Zulia (55%) y Los Patios (18%) son los más afectados. Mientras que el incremento en San José de Cúcuta es de 1%, en la comuna uno aumentó 36%, en la tres y cuatro 29%.

Lesiones personales
Las lesiones aumentaron en el municipio El Zulia.

En materia de delitos sexuales los datos oficiales registran un descenso del 4% en el Área Metropolitana. Sin embargo, resulta llamativo que al desagregar estos datos se presentan algunas variaciones que vale la pena analizar con detenimiento. Por ejemplo, mientras todas las comunas de Cúcuta presentan incrementos hasta del 518%, como es el caso de la comuna seis, en la comuna siete se registró una disminución de 84%, pasando de 241 a 39 casos denunciados. Esta diferencia relevante en las variaciones de las denuncias de los delitos sexuales en la capital del departamento se puede deber a una posible anomalía en el registro o el levantamiento de los datos.

Ahora bien, respecto a las víctimas del delito de violencia sexual en el Área Metropolitana de Cúcuta, vale la pena mencionar que el 71% fueron menores de edad. El 20,6% de este delito se concentró en menores entre 1 y 9 años de edad; 50% entre los 10 y 17; 13% entre 18 a 28; 8,2% entre los 29 y 40; y 8,2% entre los 40 años en adelante. El 44,2% de las víctimas masculinas fueron menores entre los 3 y 12 años. Para el caso de las mujeres el 45% de ellas se concentraron en el rango de 10 a 16 años de edad.

A su vez, la violencia intrafamiliar aumentó en todos los municipios del Área Metropolitana, excepto Villa del Rosario que presentó una disminución del 14%. Lo propio sucedió con la mayor parte de las comunas de Cúcuta a excepción de la comuna siete, que evidenció el mismo problema de registro que los delitos sexuales.

Delitos sexuales
Aumentaron los delitos sexuales en las diferentes comunas.

En el caso de esta comuna la violencia intrafamiliar se redujo 70%, pasando de 822 a 248 casos.

El incremento de los homicidios contra la mujer, de los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar suponen graves falencias en las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer, violencia que se suma a la Violencia Basada en Género que se viene registrando en la región del Catatumbo durante el presente año.

Por su parte, en el Área Metropolitana de Cúcuta tampoco se registra avance en las estrategias contra el hurto. Preocupa el hurto a personas, el hurto a vehículos y el hurto a motocicletas. Aunque esto concuerda con la tendencia nacional, muestra que las estrategias de focalización desarrolladas por las autoridades locales y la Policía Metropolitana son inconducentes, cuando se considera el delito del hurto a personas de manera agregada o por comunas. Particularmente es relevante el incremento del 70% de este delito en la zona rural de Cúcuta, donde la inseguridad continúa afectando de manera directa a los habitantes de esta zona del Área Metropolitana.

La zona rural de Cúcuta también presentó aumentos en los homicidios (21%), delitos sexuales (233%) y la violencia intrafamiliar (67%).

Conclusiones

  • La violencia contra la mujer evidenciada en este informe amerita una evaluación de las estrategias implementadas y una valoración sobre la adecuación del hecho al delito de feminicidio por parte de las autoridades en el departamento.

  • Las falencias en el registro de losos sexuales y la violencia intrafamiliar suponen barreras importantes en la formulación de estrategias de política pública que conduzcan a la reducción de estos delitos. Las falencias en el registro y análisis impiden la formulación de acciones contundentes y eficientes para contrarrestar estos delitos. Si bien, por lo general, tiene un subregistro importante, esto es agravado por el inadecuado seguimiento y carencia de información por parte de las autoridades directamente responsables para la toma de decisiones en materia de prevención y atención.

  • El retraso en el seguimiento a la evolución y gestión del riesgo por parte del Sistema de Prevención y Alerta para la respuesta Rápida requiere un acompañamiento de las autoridades locales para impulsar este trabajo en las autoridades nacionales y de la Defensoría del Pueblo, así como en la implementación y monitoreo a las estrategias que se adopten en el territorio para mitigar el riesgo advertido.

La violencia en Cúcuta y su Área Metropolitana es sistemática y sigue empeorando

Violencia en Cúcuta es sistemática

Este es el peor momento de la frontera en los últimos 15 años: León Valencia en Diálogos de Frontera.

Que la violencia en Cúcuta y su área metropolitana no es un tema coyuntural sino un asunto sistemático, que tiene una estrecha relación con las dinámicas territoriales, criminales e ilegales que se dan en la zona rural y en la frontera con Venezuela, fue una de las conclusiones del primer Diálogo de Frontera, un espacio convocado por La Opinión, Border Lab, El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para analizar la situación de seguridad de la ciudad. 

Ante la pregunta de si existe o no una crisis de seguridad en Cúcuta, María Fernanda Fuentes, cofundadora de Border Lab y consultora para la garantía de la labor de defensa de los Derechos Humanos, aseguró que si bien la violencia en la ciudad es sistemática, esta ha crecido en los últimos años debido al cierre de la frontera, al reacomodamiento de los grupos armados y a la llegada de nuevos actores. 

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“La frontera es clave para la ilegalidad de todo tipo, en especial el narcotráfico y esta dinámica es parte de una cadena integrada necesariamente por Colombia y Venezuela; y justamente esa violencia desbordó el problema de la ilegalidad y se volvió un asunto social profundo”, aseguró. 

Respecto al homicidio en julio de la lideresa ambiental Gertrudis Hernández, María Fernanda Fuentes indicó que “este asesinato recuerda los problemas ambientales de la zona rural de Cúcuta, los cuales se han convertido en una de las causas de amenaza de los líderes sociales de la zona. Los procedimientos de extracción minera y las carreteras construidas ilegalmente afectan el agua de Palmarito y Banco de Arena. La actividad minera sin control vulnera los derechos de los habitantes y la labor de los líderes y defensores de DD.HH.”.

El director de la Fundación Pares, León Valencia, agregó que su organización lleva más de 15 años estudiando la situación de Cúcuta y de la frontera con Venezuela y que este es el momento más difícil que ha tenido la región por cuenta de la situación de anarquía que se vive por la ausencia de relaciones diplomáticas y por la nula coordinación entre las autoridades de los dos países. 

“Tenemos 4 investigadores a lo largo de la frontera y los últimos estudios nos indican que existen 28 grupos armados ilegales en la frontera, 13 de ellos transnacionales, y a esto se suma la casi nula presencia de los dos estados. Es un territorio sin Dios ni Ley, tomado por los ilegales”, advirtió. 

Según Valencia, esta es una zona estratégica que ha sido ocupada por los grupos armados históricamente: primero la guerrilla y luego los paramilitares. También asegura que las mafias y el paramilitarismo se tomaron las instituciones en Norte de Santander, lo que incide mucho en el dolor de la frontera. 

Percepción y seguridad 

Según los datos de la encuesta ‘Mi Voz, Mi Ciudad’, del programa ‘Cúcuta Cómo Vamos’, casi el 80% de los cucuteños se siente inseguro, ubicando a la capital nortesantandereana como la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, de las 14 encuestadas. 

Mario Zambrano, director del programa, explicó que la sensación de inseguridad tiene que ver -por una parte- con la situación social y económica compleja, relacionadas específicamente con el desempleo del 20% y la informalidad del 70% y, por otro lado, con un débil capital social reflejado en una pérdida de confianza de las instituciones que imparten seguridad. 

Según los datos de la medición, cinco de cada diez encuestados han sido víctimas de un delito. 

En lo que se refiere a homicidios, Zambrano citó un estudio del BID de 2020, en el que se hizo una relación entre las medidas de restricción durante la pandemia y la disminución de delitos como el homicidio. Sin embargo, en Cúcuta y su área metropolitana los asesinatos aumentaron el año pasado aun existiendo medidas de restricción y distanciamiento social. 

“Marzo, julio y diciembre fueron los meses más violentos y cuando hacemos una georreferenciación del homicidio, encontramos que en Cúcuta 2 de cada 10 asesinatos se cometieron en la Comuna 6”, precisó. 

Comunas 6 y 7, las de mayor riesgo 

En el diálogo también quedó claro que no son nuevas las alianzas entre las organizaciones armadas, las bandas delincuenciales y los grupos de seguridad privada para obtener las rentas del microtráfico, el sicariato, el tráfico de armas y de personas y las extorsiones en las comunas de la ciudad. 

Según el último boletín de seguridad publicado por Border Lab, la Comuna 6 lidera las estadísticas en homicidio y delitos sexuales, mientras que en la Comuna 7 la medición encontró que es allí donde ocurren más casos de lesiones personales, hurto a residencias y violencia intrafamiliar. 

En la zona rural y en municipios del área metropolitana como Villa del Rosario y Puerto Santander, se identificó que Los Rastrojos mantuvieron hasta 2018 un dominio importante. Sin embargo, en 2019 el Eln anunció la retoma de Puerto Santander y de la zona rural de Cúcuta. 

En ese momento inició una ofensiva conjunta entre el Eln y las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra Los Rastrojos, que tenían presencia en algunas áreas de la frontera venezolana, en Cúcuta y Puerto Santander, manteniendo una hegemonía, lo que ha contribuido al desarrollo de una dinámica conflictiva bastante compleja. En 2020, el 17% de los homicidios se cometieron en la zona rural de Cúcuta. 

A la fecha, el Eln, a través de acuerdos con otras estructuras, mantiene por ahora la mayor influencia en este corredor fronterizo de 143 kilómetros.

Se plantea una gobernanza metropolitana

Al analizar los planes y acciones que se han implementado en la ciudad para mejorar los indicadores de seguridad, el director de ‘Cúcuta Cómo Vamos’, Mario Zambrano, habló de la necesidad de tener un Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) metropolitano, que integre las necesidades y visiones de los municipios del área en una especie de gobernanza metropolitana, que permita la articulación de todos los actores. 

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“Actualmente, cada municipio elabora un plan por separado, como si los problemas metropolitanos fueran segmentados, cuando realmente las dinámicas son interdependientes y complejas con la zona de frontera y con el Catatumbo y por eso es clave pensar en una mirada metropolitana y transfronteriza”, aseguró Zambrano. 

Agregó que en el PISC de Cúcuta se encuentra un gran diagnóstico y unas estrategias importantes, “pero creo que no se le ha venido haciendo mucho seguimiento y hay problemas en la implementación. El manejo de la información y los datos para tomar decisiones con evidencias, que están contempladas también en este plan, pero este manejo transparente y el seguimiento se ha perdido un poco desde la misma Secretaría de Seguridad, esto nos impide definir si las estrategias están siendo efectivas”, concluyó.  

Alertas tempranas de la Defensoría para Norte de Santander

Alertas en Norte de Santander

Las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre Norte de Santander en los últimos tres años constituyen una completa radiografía del riesgo que enfrentan las comunidades en distintas zonas del departamento. Mientras en el 2019 se emitieron 4 alertas tempranas, en el 2020 fueron 3 y en apenas 4 meses del 2021 ya se han emitido la misma cantidad que el año pasado. En esta infografía, presentamos datos de interés de cada documento, resaltando la población en riesgo, los grupos armados que intervienen y las zonas que concentran el mayor riesgo de violación de derechos humanos.

En Ábrego preocupa el crecimiento del homicidio y el riesgo de violación de los Derechos Humanos

Aumentaron los homicidios en Ábrego

Border Lab analizará periódicamente la situación de seguridad en los municipios que presentan una situación particular en esta materia. Para el primer ejercicio se priorizó Ábrego, municipio donde, entre 2017 y 2019, las tasas de crecimiento anual del homicidio estuvieron alrededor del 100%. En 2020 disminuyó 18% respecto al año anterior, lo que parece poco teniendo en cuenta la pandemia. Así mismo, preocupa que en el primer trimestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año anterior, los homicidios aumentaron 350%.”

Norte de Santander fue, en 2020, el primer destino de explotación de mujeres en Colombia

Este fue el resultado de la relatoría gráfica realizada en el Foro ¿Qué está pasando con las mujeres en Norte de Santander?  Cortesía: Juliana Serrano, Amazink

Ilustración Trata
Hecha durante el foro de Trata de Personas.

Norte de Santander fue en 2020 el primer departamento destino de explotación de trata de personas en Colombia, con once casos, 267% más que en 2019. La explotación sexual es la finalidad principal de explotación de las víctimas oriundas de este departamento, con un 82% de los casos, superior al 63% nacional.

De acuerdo con Naciones Unidas, este delito afecta más al género femenino: el 65% de las víctimas en 2020 fueron mujeres, en Colombia esta cifra llegó al 85%. También en 2020, Cúcuta fue la primera ciudad de origen de la trata interna en el país, por encima de Bogotá. La difícil situación socioeconómica y de seguridad que vive el departamento, la consolidación de las economías ilegales y la crisis migratoria constituyen los principales factores de riesgo.

El objeto del informe ‘Una mirada a la trata de personas en Norte de Santander’ es hacer una primera aproximación a la dinámica de este fenómeno en el departamento, en especial a sus condiciones de vulnerabilidad, los desafíos del fenómeno migratorio y la respuesta institucional.

Nuestra metodología se basó en trabajo de archivo, información oficial y en entrevistas semiestructuradas. Partimos de la experiencia de organizaciones de la sociedad civil, de entrevistas a víctimas y del testimonio de 105 mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución.

La trata de personas consiste en atraer, transportar, encargar a un tercero o dejar en un refugio, a través del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción, incluso aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, a una persona. Sobre este delito cabe resaltar:

  1. No es necesario que la finalidad de la explotación se haya consumado, basta con la intención.
  2. El consentimiento de la víctima no es causal de exoneración de la responsabilidad penal y su configuración se da al ejecutar cualquiera de las cuatro conductas: captar, trasladar, acoger o recibir.
  3. Es inconstitucional condicionar la asistencia de las víctimas a la denuncia.

Cabe mencionar que la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, expedida en diciembre de 2020, se esfuerza más por territorializar las acciones y por darle a la trata de personas un enfoque diferencial. Sin embargo, su ejecución requiere más esfuerzos en la coordinación y sostenibilidad de las acciones, así como grandes retos en la formación, sensibilización de funcionarios, y en la apropiación de recursos públicos.

Además de lo expuesto, los cuatro hallazgos más importantes de este informe son:

  1. De acuerdo con información del BID y UNODC, por cada víctima registrada se estima la existencia de veinte más sin identificar; es decir, existe un subregistro aproximado del 95%. Entre 2016 y 2020 Colombia registró 514 víctimas directas y 398 indirectas, de las cuales el 76% corresponden a trata externa y 24% a la interna. Estos porcentajes son los mismos en Norte de Santander.
  2. Entre 2018 y 2020 en Colombia se presentó un incremento de las víctimas que reportaron a Venezuela como su país de origen, pasando de 11 al 37%. Este número llegó a 63% en Norte de Santander.
  3. Según la Dirección Seccional de Norte de Santander de la Fiscalía, de las 39 noticias criminales conocidas entre 2010 y 2020, 37 aparecen en indagación, una en investigación y una en etapa de juicio.
  4. La trata de personas en Norte de Santander tiene cuatro finalidades principales:

De acuerdo con información del BID y UNODC, por cada víctima registrada se estima la existencia de veinte más sin identificar; es decir, existe un subregistro aproximado del 95%.

  • La explotación sexual, que representa el 82% de los casos registrados en el departamento, se relaciona con la pornografía y las casas webcam. También se identificaron traslados de mujeres desde Cúcuta hacia municipios, como Los Patios, Villa del Rosario y Chinácota, y la captación y traslado de mujeres, incluyendo menores, al Catatumbo, específicamente a Tibú. Los testimonios indican la presencia de hombres con acento extranjero, que cometen todo tipo de abusos.
  • La finalidad de trabajos o servicios forzados se encuentra asociada al empleo de personas migrantes, para quienes no tener un estatus regular las expone a la precarización laboral y a la trata de personas. Conocimos el caso de una mujer cucuteña captada en 2019 mientras trabajaba como niñera en una casa de familia. Sus empleadores le ofrecieron viajar a España, donde la obligaron a trabajar largas jornadas sin descanso y le prohibieron salir. Cuando quiso volver, la obligaron a prostituirse y le quitaron el pasaporte. Ella logró denunciar su caso en España; sin embargo, las medidas de asistencia no han sido garantizadas en Colombia.
  • El Reclutamiento forzado es un riesgo importante en la frontera, en especial en el Catatumbo. Los escenarios de cultivo de uso ilícito son proclives a emplear personas de manera forzada. La Defensoría del Pueblo expidió ocho alertas tempranas para Norte de Santander entre 2018 y 2020, con advertencia de riesgo de reclutamiento forzado en Hacarí, Teorama y Convención. De acuerdo con información recopilada por La Opinión, Tibú fue el municipio con mayor número de menores vinculados a grupos armados ilegales durante 2019, seguido de El Tarra, Cúcuta, Cáchira, Hacarí, Sardinata, Teorama, y Ocaña.
  • Por último, la explotación de la mendicidad ajena se ha concentrado en la primera infancia, niños, niñas y adolescentes. Esta finalidad se encontró en el alquiler de menores de edad por fines de semana o por días, para pedir dinero en algunas zonas de Cúcuta.

Es relevante mencionar que varios testimonios coincidieron en denunciar abusos, tratos contrarios a la dignidad humana e incluso el sometimiento de mujeres por parte de funcionarios para la venta de estupefacientes.

Retos y recomendaciones

  • El primero, reconocer a las víctimas y adecuar la denuncia al delito. La adecuación errada de la denuncia a delitos diferentes, como la inducción a la prostitución, impide el acceso a los servicios de asistencia propios de la ruta de atención y las expone a las víctimas a vulneraciones adicionales. Así lo ha evidenciado la Defensoría del Pueblo a través la Alerta Temprana N° 37 del 12 de septiembre de 2019 y la Corte Constitucional mediante el Auto del 11 de agosto de la Sala Quinta de Revisión, mediante el cual ordenó, como medida provisional a la secretaría de gobierno del municipio, activar la ruta de trata de personas a favor de una mujer migrante y su familia, mientras se dicta la sentencia.
  • Segundo, reducir los factores de riesgo. Es necesario diseñar y desarrollar estrategias diferenciales que prioricen entornos y poblaciones que se encuentran en mayor riesgo, para sensibilizar y poner en marcha acciones que empoderen a la población y eviten su victimización. Adicional a los entornos escolares y la especial atención de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente, en Cúcuta es relevante implementar acciones en asentamientos informales que han crecido en la periferia de la ciudad en los últimos años, donde se acostumbra el intercambio de sexo por comida y por bienes de primera necesidad. En atención a las circunstancias particulares de las mujeres migrantes, se recomienda impulsar espacios de participación que permitan establecer contextos y necesidades, de manera que se conviertan en un insumo clave para el diseño de la política regional.
  • Tercero, promover la denuncia y restablecer la confianza en las autoridades. En Norte de Santander se ha detectado una constante denuncia en el relato de las mujeres víctimas de trata de personas, migrantes y aquellas que ejercen la prostitución, frente a las autoridades. Estas conductas deben ser investigadas de oficio y sancionadas para romper las complicidades que puedan existir entre funcionarios y las redes de trata de personas y porque las mujeres están siendo victimizadas constantemente y objeto de prácticas inhumanas y degradantes. En este sentido, se sugiere a las autoridades implementar una ruta de denuncia que genere confianza; y revisar las acciones desarrolladas por el Grupo Especial Migratorio, así como sus protocolos de actuación y su apego al respeto por los Derechos Humanos.

Paz y Derechos Humanos

Niños de frontera

Esta línea de trabajo está dedicada al seguimiento de la situación humanitaria en la zona fronteriza, con especial énfasis en la región del Catatumbo y en la zona rural del Área Metropolitana de Cúcuta. En ese sentido, Border Lab se concentra en análisis de las dinámicas de la violencia, en la valoración del riesgo de violación de los Derechos Humanos y en la promoción de estrategias encaminadas al bienestar de la población y a la implementación del Acuerdo de Paz.

Así, dentro de los objetivos del eje de Paz y Derechos Humanos se encuentran brindar acompañamiento técnico a las autoridades nacionales y locales, construir una red de aliados en el territorio y diseñar e implementar iniciativas comunitarias, que permitan garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.