La grave situación de seguridad en Cúcuta y su Área Metropolitana, así como en la región del Catatumbo, no es particular de este periodo. El término crisis puede no ser el más apropiado para referirnos a más de dos décadas de riesgo, violencia y vulneración a los Derechos Humanos que han predominado en este territorio.
La lucha por el control territorial, los conflictos internos entre los grupos armados, las alianzas criminales y los continuos enfrentamientos son dinámicas que han estado presentes en la frontera, con mayor o menor intensidad. Esta intensidad se ha pronunciado en los últimos seis años y su visibilidad también ha aumentado. Esto último puede deberse a la situación particular de la migración forzada, el cierre de la frontera, la confluencia de diversos grupos armados ilegales, así como el llamado reciente de las autoridades locales y de la sociedad civil de la región, que por fin están generando incidencia a nivel nacional.
Los grupos armados presentes en el Catatumbo, Cúcuta y el Área Metropolitana han sacado aprovechado por años la ubicación estratégica de la frontera, de la escasa regulación estatal, de las vulnerabilidades sociales y políticas y de la cultura de la ilegalidad que permea todos los sectores sociales, políticos y económicos de la región.
Durante el primer semestre del 2021, los homicidios en la región del Catatumbo aumentaron en un 15%. La Playa impulsó la violencia letal al alza y lo propio sucedió en Tibú donde se registró un incremento del 34%
Debido a su condición de frontera internacional, Cúcuta y su Área Metropolitana se han caracterizado por los grandes flujos poblacionales y económicos que, además de ser un territorio poroso, facilita a las estructuras criminales las actividades del contrabando, la extorsión, el narcotráfico, el reclutamiento forzado, el tráfico de armas, la trata de personas y, en su momento, el intercambio de divisas.
Entre los hitos que han marcado la dinámica ilegal de la zona en los últimos años, se encuentran: la muerte de Megateo, el cierre de la frontera y la desmovilización de las FARC. Después de estos hechos, se presentaron reacomodos, el recrudecimiento de las disputas territoriales para ocupar los territorios abandonados por las FARC y la llegada de carteles extranjeros para involucrarse de manera directa en la producción y el tráfico de la cocaína y también en la financiación de grupos armados.
Tres municipios del área metropolitana de Cúcuta han sido los protagonistas de las mayores disputas y enfrentamientos en los últimos años. Puerto Santander, Villa del Rosario (La Parada) y Cúcuta (El Escobal y siete corregimientos de los diez de la zona rural). A la fecha, el ELN, a través de acuerdos con otras estructuras, mantiene por ahora la mayor influencia en este corredor fronterizo de 143 kilómetros.
En 2015, las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Urabeños) y Los Rastrojos impactaron especialmente la zona rural de Cúcuta. A la fecha, este enfrentamiento ha cambiado de actores. Ahora, la población está bajo el fuego cruzado entre el ELN, Los Rastrojos, las Fuerzas Armadas Bolivarianas y la Fuerza Pública colombiana. Este territorio es disputado principalmente para la explotación de los cultivos de uso ilícito, el contrabando, la extorsión y la extracción ilegal de minerales y de madera.
Las comunas de Cúcuta tampoco han escapado a esta violencia. No son nuevas las alianzas entre las organizaciones armadas, las bandas delincuenciales y los grupos de seguridad privada para obtener las rentas del microtráfico, el sicariato, el tráfico de armas y de personas y las extorsiones. Sectores de las comunas 6, 7 y 8 son constantemente intimidados por personas uniformadas de seguridad privada que extorsionan; una modalidad implementada después de la incursión paramilitar en Cúcuta, denunciada a la fecha nuevamente por habitantes y líderes sociales de los barrios populares.
Los Rastrojos mantuvieron hasta 2018 un dominio importante en Villa del Rosario, Puerto Santander y la zona rural de Cúcuta. En 2019 el ELN anunció la retoma de la zona, comunicación que coincide con la ayuda de Los Rastrojos a Juan Guaidó para cruzar la frontera. En ese momento inició una fuerte ofensiva entre el ELN y las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra este grupo criminal.
Debido a esta disputa territorial, la población se ha desplazado desde el área rural de Cúcuta y desde Venezuela hacia Puerto Santander. Asimismo, aumentaron la presencia de patrullajes ilegales en este territorio, las desapariciones forzadas, masacres, homicidios selectivos, los retenes ilegales y la contaminación de la zona con minas antipersona. Debe recordarse la masacre de marzo de 2020, que dejó ocho personas asesinadas en Palmarito, al parecer por el enfrentamiento entre estos grupos en Boca de Grita. En Cúcuta entre 2020 y 2021, se han presentado dos masacres que dejaron doce víctimas mortales.
Ahora bien, el atentado al Presidente Duque, el carro bomba en la brigada 30 y el atentado en Cerro Pico, los tres hechos en Cúcuta, visibilizan al frente 33 de las FARC. Sin embargo, aunque todavía no se logra establecer la influencia de este grupo en la capital del departamento, se conoce que logró fortalecer su presencia y accionar en el municipio de Tibú.
De lo expuesto, pueden concluirse tres cosas: la primera, es que la violencia en la frontera es sistemática; sin embargo, ésta ha crecido en los últimos años debido al cierre de la frontera, al reacomodamiento de los grupos armados y a la llegada de nuevos actores; la segunda, es que la frontera es clave para la ilegalidad de todo tipo, en especial el narcotráfico, y esta dinámica es parte de una cadena integrada necesariamente por Colombia y Venezuela; y la última es que la violencia desbordó el problema de la ilegalidad y se volvió un asunto social profundo.
El riesgo de seguridad para las mujeres en el departamento
De acuerdo con el informe publicado por Border Lab sobre la trata de personas en departamento, en 2020 Norte de Santander fue el primer departamento destino de explotación de la trata de personas en Colombia, con once casos, 267% más que en 2019. También en 2020 se encontró un aumento de las víctimas de trata interna que tienen a Cúcuta como ciudad de origen, superando incluso a Bogotá. De las víctimas oriundas de Norte de Santander el 88,2% fueron cucuteñas.
Este aumento puede estar relacionado con la pandemia, el alto flujo de migrantes y la difícil situación socioeconómica del departamento. Una posible concentración de la población por las restricciones establecidas para controlar la Covid-19, aunado el desplazamiento forzado, el desempleo y la informalidad, pudieron aumentar los factores de riesgo que facilitan el engaño y la violencia por motivos económicos.
Además de lo anterior, vale la pena destacar los procesos recientes de urbanización en el departamento, principalmente en Cúcuta, Ocaña y Tibú. Este fenómeno, asociado al desplazamiento forzado, ha provocado dinámicas de informalidad urbana como la aparición de asentamientos humanos donde se presentan diferentes problemáticas sociales, entre ellas la falta de acceso a servicios públicos, el desempleo, la delincuencia juvenil, la violencia intrafamiliar y el denominado sexo por supervivencia.
Adicional a las bandas criminales que inciden en la trata de personas en la frontera, entre los grupos relacionados con este delito están el Tren de Aragua, Los Rastrojos y los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Este escenario coincidió en 2020 con el aumento de la violencia homicida en Norte de Santander, que pasó de 515 en 2019 a 560 homicidios en 2020 (9%). Para este último año, en Cúcuta y el Área Metropolitana los homicidios aumentaron 32% y cerró con una tasa de 38,35 muertes por cada 100 mil habitantes, 9 homicidios más que la tasa de 2019 (29,34) y 15 más que la tasa nacional (23,79).
Ahora bien, en 2021 las cifras del homicidio en el primer semestre en Cúcuta y el Área Metropolitana aumentaron 7%. Los municipios más afectados en este periodo son el Zulia, municipio que conecta a Cúcuta con la región del Catatumbo y Puerto Santander.
En Cúcuta el consolidado del periodo es favorable, pasó de 114 a 104 homicidios (-9); sin embargo, el mes de junio presentó un aumento del 16% y su zona rural sigue preocupando al concentrar el 16% de las víctimas de este delito en el Área Metropolitana.
En la zona rural el homicidio en el primer semestre creció 13%.
La comuna más afectada por el homicidio (así como por los delitos sexuales) en Cúcuta es la 6 (que tiene salida directa a Venezuela y donde se ha detectado un territorio de alta complejidad), seguida de las comunas 7, 8 y 9. Estas comunas concentran el 53% de los homicidios en la ciudad. Otra comuna sobre la que vale la pena centrar la atención es la 7, que concentra los peores indicadores en violencia intrafamiliar, hurto a residencias y lesiones personales. La comuna 2, por su parte, lidera el delito de violencia intrafamiliar y la comuna 1 el hurto a personas.
Respecto a los homicidios contra las mujeres, es relevante mencionar que en Norte de Santander este delito aumentó 92%, pasando de 12 a 23 víctimas. El Área Metropolitana registró 10 y 13 casos, respectivamente, con un incremento de 30%. Tibú es el municipio más violento para las mujeres en 2021, pues al comparar el primer semestre de 2020 con 2021, pasó de 0 homicidios a 8. Estos casos se registraron en los meses de abril, mayo y junio. Igualmente, las mujeres en este municipio están constantemente expuestas a intimidaciones, amenazas, desplazamientos, violencia intrafamiliar, violencia sexual, desaparición forzada y trata de personas. Esta situación fue advertida por la Defensoría del Pueblo a finales de 2020, a través de la Alerta Temprana N° 50 del 26 de noviembre.
En el primer semestre el homicidio de mujeres en Norte de Santander aumentó 92%, pasando de 12 a 23 víctimas.
El pasado 9 de julio asesinaron a la lideresa ambiental Gertrudis Hernández a hora y media del casco urbano de Cúcuta, en la vereda El Suspiro. Esta no ha sido la única mujer víctima en la zona rural de Cúcuta, en mayo fue asesinada Inés Hernández en Agua Clara. En este último caso, las autoridades llegaron al lugar dos horas, después de garantizar las medidas de seguridad. En algunas zonas del área rural de Cúcuta y en Villa del Rosario, por condiciones de seguridad, los cuerpos son directamente recogidos por las funerarias.
Estos asesinatos recuerdan los problemas ambientales de la zona rural de Cúcuta, los cuales se han convertido en una de las causas de amenaza y muerte de los líderes sociales de la zona. Los procedimientos de extracción minera y las carreteras construidas ilegalmente afectan el agua de Palmarito y Banco de Arena. La actividad minera sin control vulnera los derechos de los habitantes y es una de las principales causas de las agresiones a los líderes y defensores de DDHH. Aunado a lo anterior, se encuentra la deforestación y la tala de árboles que se ha dado en esta zona como consecuencia del cultivo de coca y la extracción de madera. La coincidencia en la zona de Grupos Armados, la extracción de yacimientos y la deforestación son una bomba de tiempo que amenaza la integridad y el libre ejercicio de los líderes sociales.
Para finalizar, este marco de violencia contra la mujer, aunque en el consolidado del primer semestre de 2021 en el Área Metropolitana disminuyeron los delitos sexuales 4%, en Cúcuta tuvo un incremento leve. En la capital del departamento el 33% de las víctimas son mujeres de nacionalidad venezolana, el 35% tiene entre 10 y 14 años y el 47% de los hechos victimizantes se concentran en 15 barrios de la ciudad.
