Según el informe de seguridad, entre enero y octubre de 2021, la Policía no ha logrado reducir el homicidio en Cúcuta.
Durante los primeros meses del 2021, el homicidio en Cúcuta y el Área Metropolitana se ha mantenido estable con respecto al año anterior.
Esto podría indicar que, a pesar de las estrategias implementadas por la administración municipal y por la Policía Metropolitana de Cúcuta, no se ha producido ningún avance en la reducción de este delito.
Si se tiene en cuenta, el número de homicidios en Cúcuta correspondiente a 2020 no registraba desde 2016.
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A pesar de que en Cúcuta y en Villa del Rosario se presentaron avances, los municipios de Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano presentaron aumentos de 73%, 300% y 300%, respectivamente.
Para el caso de Cúcuta, desde el mes de agosto se viene presentando un incremento en el número de homicidios y sigue siendo preocupante el aumento de este delito en las comunas cinco (120%), diez (22%) y en la zona rural de Cúcuta (21%).
Como lo ha venido advirtiendo Border Lab a lo largo del año, continúan los incrementos en el homicidio contra la mujer en el Área Metropolitana de Cúcuta, sin que hasta el momento se conozca una estrategia efectiva por parte de las autoridades para mitigar o reducir este tipo de delito. Entre enero y octubre de 2021, el homicidio contra las mujeres en el Área Metropolitana aumentó 47%. En Cúcuta el incremento fue de 21%. Vale la pena mencionar que en la capital del departamento el número de víctimas mujeres a octubre de 2021 ya superó las de 2020.
A pesar del trabajo en la política de seguridad a nivel local, los resultados no se traducen en la protección de la vida y los derechos de las mujeres.
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Respecto al riesgo de la población civil, en especial de las mujeres, en el Área Metropolitana de Cúcuta, el panorama no es alentador.
Entre 2019 y 2021 se han emitido 3 Alertas Tempranas que advierten riesgos de homicidio, violencia sexual, trata de personas y reclutamiento forzado, entre otros.
- AT N° 11 del 13 de marzo de 2020. Advirtió el riesgo de homicidios selectivos, masacres, reclutamiento forzado, entre otros, en la zona rural de Cúcuta. A la fecha, a pesar de haber transcurrido más de 20 meses desde la expedición de esta alerta no se cuenta con un informe de seguimiento y gestión del riesgo por parte de la Defensoría del Pueblo ni de la CIPRAT par esta zona.
- AT N° 35 del 5 de agosto de 2020. Advirtió riesgos a la población civil, particularmente de las mujeres de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario. 16 meses después de la expedición de esta alerta tampoco se cuenta con un informe de seguimiento y gestión del riesgo por parte de las autoridades competentes.
- AT N° 37 del 12 de septiembre de 2019. Advirtió factores de riesgo para la población civil de Puerto Santander, en especial de las mujeres. De acuerdo con el informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, el riesgo se mantiene y el cumplimiento en la gestión del riesgo de las autoridades competentes es bajo.
Al respecto, es relevante indicar que de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo tiene un tiempo de 9 meses para la expedición de informes que determinen la evolución de la persistencia del riesgo. Esta disposición evidencia un retraso relevante de esta entidad en el seguimiento a los efectos de las medidas adoptadas por el Estado y la evolución del riesgo advertido.
Igualmente, la CIPRAT, liderada por el Ministerio del Interior, tiene dentro de sus funciones la georreferenciación para el seguimiento a las dinámicas de riesgo y el impacto de la respuesta en el territorio, así como la activación de los canales de comunicación con entidades nacionales y territoriales para recolectar y procesar información que permita identificar la evolución del riesgo, su activación y la respuesta. Para el caso de Norte de Santander 12 Alertas Tempranas se han emitido entre 2019 y 2020. Siete de ellas no cuentan con seguimiento del riesgo (58%). De las cinco que tienen informe, en cuatro el riesgo se mantiene y en una tiende a agravarse (Defensoría del Pueblo, 2021).
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Ahora bien, respecto a las lesiones personales el Área Metropolitana de Cúcuta sigue presentando un contexto de alta prevalencia de la violencia de interpersonal. Villa del Rosario (42%), El Zulia (55%) y Los Patios (18%) son los más afectados. Mientras que el incremento en San José de Cúcuta es de 1%, en la comuna uno aumentó 36%, en la tres y cuatro 29%.
En materia de delitos sexuales los datos oficiales registran un descenso del 4% en el Área Metropolitana. Sin embargo, resulta llamativo que al desagregar estos datos se presentan algunas variaciones que vale la pena analizar con detenimiento. Por ejemplo, mientras todas las comunas de Cúcuta presentan incrementos hasta del 518%, como es el caso de la comuna seis, en la comuna siete se registró una disminución de 84%, pasando de 241 a 39 casos denunciados. Esta diferencia relevante en las variaciones de las denuncias de los delitos sexuales en la capital del departamento se puede deber a una posible anomalía en el registro o el levantamiento de los datos.
Ahora bien, respecto a las víctimas del delito de violencia sexual en el Área Metropolitana de Cúcuta, vale la pena mencionar que el 71% fueron menores de edad. El 20,6% de este delito se concentró en menores entre 1 y 9 años de edad; 50% entre los 10 y 17; 13% entre 18 a 28; 8,2% entre los 29 y 40; y 8,2% entre los 40 años en adelante. El 44,2% de las víctimas masculinas fueron menores entre los 3 y 12 años. Para el caso de las mujeres el 45% de ellas se concentraron en el rango de 10 a 16 años de edad.
A su vez, la violencia intrafamiliar aumentó en todos los municipios del Área Metropolitana, excepto Villa del Rosario que presentó una disminución del 14%. Lo propio sucedió con la mayor parte de las comunas de Cúcuta a excepción de la comuna siete, que evidenció el mismo problema de registro que los delitos sexuales.
En el caso de esta comuna la violencia intrafamiliar se redujo 70%, pasando de 822 a 248 casos.
El incremento de los homicidios contra la mujer, de los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar suponen graves falencias en las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer, violencia que se suma a la Violencia Basada en Género que se viene registrando en la región del Catatumbo durante el presente año.
Por su parte, en el Área Metropolitana de Cúcuta tampoco se registra avance en las estrategias contra el hurto. Preocupa el hurto a personas, el hurto a vehículos y el hurto a motocicletas. Aunque esto concuerda con la tendencia nacional, muestra que las estrategias de focalización desarrolladas por las autoridades locales y la Policía Metropolitana son inconducentes, cuando se considera el delito del hurto a personas de manera agregada o por comunas. Particularmente es relevante el incremento del 70% de este delito en la zona rural de Cúcuta, donde la inseguridad continúa afectando de manera directa a los habitantes de esta zona del Área Metropolitana.
La zona rural de Cúcuta también presentó aumentos en los homicidios (21%), delitos sexuales (233%) y la violencia intrafamiliar (67%).
Conclusiones
- La violencia contra la mujer evidenciada en este informe amerita una evaluación de las estrategias implementadas y una valoración sobre la adecuación del hecho al delito de feminicidio por parte de las autoridades en el departamento.
- Las falencias en el registro de losos sexuales y la violencia intrafamiliar suponen barreras importantes en la formulación de estrategias de política pública que conduzcan a la reducción de estos delitos. Las falencias en el registro y análisis impiden la formulación de acciones contundentes y eficientes para contrarrestar estos delitos. Si bien, por lo general, tiene un subregistro importante, esto es agravado por el inadecuado seguimiento y carencia de información por parte de las autoridades directamente responsables para la toma de decisiones en materia de prevención y atención.
- El retraso en el seguimiento a la evolución y gestión del riesgo por parte del Sistema de Prevención y Alerta para la respuesta Rápida requiere un acompañamiento de las autoridades locales para impulsar este trabajo en las autoridades nacionales y de la Defensoría del Pueblo, así como en la implementación y monitoreo a las estrategias que se adopten en el territorio para mitigar el riesgo advertido.
