Norte de Santander fue, en 2020, el primer destino de explotación de mujeres en Colombia

Este fue el resultado de la relatoría gráfica realizada en el Foro ¿Qué está pasando con las mujeres en Norte de Santander?  Cortesía: Juliana Serrano, Amazink

Norte de Santander fue en 2020 el primer departamento destino de explotación de trata de personas en Colombia, con once casos, 267% más que en 2019. La explotación sexual es la finalidad principal de explotación de las víctimas oriundas de este departamento, con un 82% de los casos, superior al 63% nacional.

De acuerdo con Naciones Unidas, este delito afecta más al género femenino: el 65% de las víctimas en 2020 fueron mujeres, en Colombia esta cifra llegó al 85%. También en 2020, Cúcuta fue la primera ciudad de origen de la trata interna en el país, por encima de Bogotá. La difícil situación socioeconómica y de seguridad que vive el departamento, la consolidación de las economías ilegales y la crisis migratoria constituyen los principales factores de riesgo.

El objeto del informe ‘Una mirada a la trata de personas en Norte de Santander’ es hacer una primera aproximación a la dinámica de este fenómeno en el departamento, en especial a sus condiciones de vulnerabilidad, los desafíos del fenómeno migratorio y la respuesta institucional.

Nuestra metodología se basó en trabajo de archivo, información oficial y en entrevistas semiestructuradas. Partimos de la experiencia de organizaciones de la sociedad civil, de entrevistas a víctimas y del testimonio de 105 mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución.

La trata de personas consiste en atraer, transportar, encargar a un tercero o dejar en un refugio, a través del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción, incluso aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, a una persona. Sobre este delito cabe resaltar:

1. No es necesario que la finalidad de la explotación se haya consumado, basta con la intención.
2. El consentimiento de la víctima no es causal de exoneración de la responsabilidad penal y su configuración se da al ejecutar cualquiera de las cuatro conductas: captar, trasladar, acoger o recibir.
3. Es inconstitucional condicionar la asistencia de las víctimas a la denuncia.

Cabe mencionar que la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, expedida en diciembre de 2020, se esfuerza más por territorializar las acciones y por darle a la trata de personas un enfoque diferencial. Sin embargo, su ejecución requiere más esfuerzos en la coordinación y sostenibilidad de las acciones, así como grandes retos en la formación, sensibilización de funcionarios, y en la apropiación de recursos públicos.

Además de lo expuesto, los cuatro hallazgos más importantes de este informe son:

1. De acuerdo con información del BID y UNODC, por cada víctima registrada se estima la existencia de veinte más sin identificar; es decir, existe un subregistro aproximado del 95%. Entre 2016 y 2020 Colombia registró 514 víctimas directas y 398 indirectas, de las cuales el 76% corresponden a trata externa y 24% a la interna. Estos porcentajes son los mismos en Norte de Santander.
2. Entre 2018 y 2020 en Colombia se presentó un incremento de las víctimas que reportaron a Venezuela como su país de origen, pasando de 11 al 37%. Este número llegó a 63% en Norte de Santander.
3. Según la Dirección Seccional de Norte de Santander de la Fiscalía, de las 39 noticias criminales conocidas entre 2010 y 2020, 37 aparecen en indagación, una en investigación y una en etapa de juicio.
4. La trata de personas en Norte de Santander tiene cuatro finalidades principales:

• La explotación sexual, que representa el 82% de los casos registrados en el departamento, se relaciona con la pornografía y las casas webcam. También se identificaron traslados de mujeres desde Cúcuta hacia municipios, como Los Patios, Villa del Rosario y Chinácota, y la captación y traslado de mujeres, incluyendo menores, al Catatumbo, específicamente a Tibú. Los testimonios indican la presencia de hombres con acento extranjero, que cometen todo tipo de abusos.
• La finalidad de trabajos o servicios forzados se encuentra asociada al empleo de personas migrantes, para quienes no tener un estatus regular las expone a la precarización laboral y a la trata de personas. Conocimos el caso de una mujer cucuteña captada en 2019 mientras trabajaba como niñera en una casa de familia. Sus empleadores le ofrecieron viajar a España, donde la obligaron a trabajar largas jornadas sin descanso y le prohibieron salir. Cuando quiso volver, la obligaron a prostituirse y le quitaron el pasaporte. Ella logró denunciar su caso en España; sin embargo, las medidas de asistencia no han sido garantizadas en Colombia.
• El Reclutamiento forzado es un riesgo importante en la frontera, en especial en el Catatumbo. Los escenarios de cultivo de uso ilícito son proclives a emplear personas de manera forzada. La Defensoría del Pueblo expidió ocho alertas tempranas para Norte de Santander entre 2018 y 2020, con advertencia de riesgo de reclutamiento forzado en Hacarí, Teorama y Convención. De acuerdo con información recopilada por La Opinión, Tibú fue el municipio con mayor número de menores vinculados a grupos armados ilegales durante 2019, seguido de El Tarra, Cúcuta, Cáchira, Hacarí, Sardinata, Teorama, y Ocaña.
• Por último, la explotación de la mendicidad ajena se ha concentrado en la primera infancia, niños, niñas y adolescentes. Esta finalidad se encontró en el alquiler de menores de edad por fines de semana o por días, para pedir dinero en algunas zonas de Cúcuta.

Es relevante mencionar que varios testimonios coincidieron en denunciar abusos, tratos contrarios a la dignidad humana e incluso el sometimiento de mujeres por parte de funcionarios para la venta de estupefacientes.

Retos y recomendaciones

• El primero, reconocer a las víctimas y adecuar la denuncia al delito. La adecuación errada de la denuncia a delitos diferentes, como la inducción a la prostitución, impide el acceso a los servicios de asistencia propios de la ruta de atención y las expone a las víctimas a vulneraciones adicionales. Así lo ha evidenciado la Defensoría del Pueblo a través la Alerta Temprana N° 37 del 12 de septiembre de 2019 y la Corte Constitucional mediante el Auto del 11 de agosto de la Sala Quinta de Revisión, mediante el cual ordenó, como medida provisional a la secretaría de gobierno del municipio, activar la ruta de trata de personas a favor de una mujer migrante y su familia, mientras se dicta la sentencia.

• Segundo, reducir los factores de riesgo. Es necesario diseñar y desarrollar estrategias diferenciales que prioricen entornos y poblaciones que se encuentran en mayor riesgo, para sensibilizar y poner en marcha acciones que empoderen a la población y eviten su victimización. Adicional a los entornos escolares y la especial atención de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente, en Cúcuta es relevante implementar acciones en asentamientos informales que han crecido en la periferia de la ciudad en los últimos años, donde se acostumbra el intercambio de sexo por comida y por bienes de primera necesidad. En atención a las circunstancias particulares de las mujeres migrantes, se recomienda impulsar espacios de participación que permitan establecer contextos y necesidades, de manera que se conviertan en un insumo clave para el diseño de la política regional.

• Tercero, promover la denuncia y restablecer la confianza en las autoridades. En Norte de Santander se ha detectado una constante denuncia en el relato de las mujeres víctimas de trata de personas, migrantes y aquellas que ejercen la prostitución, frente a las autoridades. Estas conductas deben ser investigadas de oficio y sancionadas para romper las complicidades que puedan existir entre funcionarios y las redes de trata de personas y porque las mujeres están siendo victimizadas constantemente y objeto de prácticas inhumanas y degradantes. En este sentido, se sugiere a las autoridades implementar una ruta de denuncia que genere confianza; y revisar las acciones desarrolladas por el Grupo Especial Migratorio, así como sus protocolos de actuación y su apego al respeto por los Derechos Humanos.